El 8 de julio termina el plazo de un año que el Gobierno concedió a los convenios que se estaban negociando antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Si no hay acuerdo entre las partes, la empresa es libre para aplicar el convenio del sector, en lugar de prorrogar el que existía anteriormente en la compañía. La ley no explica qué pasa en los sectores donde no existe una norma colectiva. En ese caso, el Gobierno se inclina por adoptar el Estatuto de los Trabajadores. Si se llega a esta situación, los trabajadores sólo tendrían garantizado el salario mínimo y perderían el resto de derechos consolidados.
Os adjunto el enlace de esta importante noticia publicada en el Diario Expansión (02.07.2013).
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